El solo anuncio de la liquidación de una empresa como Coltejer, que ha sido insignia de la industria textilera nacional, es ya bastante grave.  Sobre todo si esta posibilidad, al parecer inminente, está ligada a decisiones adoptadas por quienes han gobernado a Colombia, en acatamiento a órdenes de organismos multilaterales de crédito o del gobierno de los Estados Unidos.
Estamos hablando, desde luego, de la apertura económica que decretó el total desamparo del mercado nacional y produjo un flujo de dólares de tal magnitud que abarató el dólar quitándole competitividad a la industria nacional, tanto aquí como en los mercados internacionales.
Pero es mucho más grave que, ante las dificultades de Coltejer, sus dueños hayan decidido vendérsela al competidor que más activo ha sido en la competencia que la tiene al borde de la quiebra, y todavía peor que traten de sindicar a los trabajadores, tal vez los únicos sin responsabilidad alguna en la crisis, de ser los culpables de ella.
No hay un solo análisis que insinúe siquiera que los costos laborales sean culpables de la actual sinsalida.  La ANDI, los corredores de bolsa y los analistas económicos que han opinado en los medios de comunicación, y los propios directivos de la empresa, ubican en las consecuencias sabidas de la apertura económica el atoramiento actual de la empresa.
Pero hablando de cosas graves, el colmo de los colmos radica en exigir la renuncia a la convención colectiva de trabajo y a la existencia misma de los sindicatos, para “salvar” la empresa.
En la edición del periódico El Tiempo del pasado sábado 10 de mayo, página 1-19, se leen mensajes como “no queremos perder nuestro empleo”, que fueron colgados en las mallas de protección del edificio para exigir a los sindicatos que convoquen esas reuniones, que sus miembros puedan votar si renuncian a la convención colectiva como propone la empresa.  Según José Roberto Arango, presidente de la compañía, esta es una de las exigencias que hace el inversionista mexicano para comprar Coltejer.  Eso y que la textilera antioqueña quede sin sindicatos.
Una reforma constitucional que proscriba el derecho de asociación y el sindicalismo, por la vía de una transacción encabezada por quien fuera el secretario privado del presidente Uribe, para permitir que uno de los principales soportes de su gobierno, el grupo empresarial Ardila Lulle, se deshaga de un activo al que le extrajo todo el jugo y que hoy, por la puesta en práctica del neoliberalismo, ya no le es útil.
Los sindicatos de trabajadores de Coltejer han sido, además, colocados en la picota pública como los responsables de impedir la “salvadora” transacción, por el sólo hecho de no efectuar “rapidito” una asamblea para renunciar a sus únicas acreencias laborales: las indemnizaciones por despido, asunto absolutamente inaceptable para cualquier demócrata auténtico.
El Polo Democrático Alternativo considera un deber elemental solidarizarse con los trabajadores en trance de perder sus puestos de trabajo y sus derechos, al tiempo que eleva una expresa solicitud al Gobierno nacional para que adopte, de manera urgente, medidas que protejan efectivamente la producción nacional y el mercado interno, al tiempo que preserven los elementales derechos democráticos establecidos en la Constitución, la cual ha jurado respetar y defender, en dos ocasiones, y al menos de dientes para afuera, el Presidente de la República.
 

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